En la mayor parte del mundo la educación es conocida por ser un derecho del ciudadano y un deber del Gobierno, sin embargo, en el país colombiano, la corrupción es de tal magnitud y la pobreza aumenta cada vez más que esta ha pasado a ser más un privilegio que solo los afortunados logran obtener y que por otro lado los desafortunados ven desvanecerse.
A pesar de que en Colombia hay un sinnúmero de leyes y decretos que hablan del derecho a la educación y las disposiciones sobre el mismo, por ejemplo, el Artículo 67 de la Constitución Política (de 1991) “señala que la educación es un derecho y un servicio público y, además, decreta que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”. En concordancia con esto, en la Ley 1098 del 2006 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, el Artículo 41 numeral 3 promulga “que es una obligación del Estado garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia”. A pesar de que lo que dice la ley suena perfecto, la realidad es que en Colombia los derechos de los niños, con respecto a la educación, no se cumplen en su totalidad y el Estado destina muy pocos recursos y apoyo al entorno educativo.
Las estadísticas brindadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) reflejan que en el 2018 la matrícula nacional fue de 9.916.546 alumnos los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: el 80,4% de los niños fueron matriculados en el sector oficial y el 19,6% en el sector no oficial; del 80.4% de los estudiantes matriculados en el sector oficial el 96,7% fueron matriculados en colegios públicos y el 3,3% en colegios privados (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Distribución porcentual de matriculados por sector (Total nacional 2018).
Fuente: DANE, Educación Formal (EDUC)
Según datos de la Fundación Compartir y Fedesarrollo, citados por El Espectador (2018) en 2016, “la tasa de permanencia escolar en la zona urbana es de 82%, mientras que este indicador presenta un fuerte rezago en la zona rural donde la tasa solo llega a 48%”. Además de esto, la misma entidad señala que alrededor de 135.000 personas con discapacidad o necesidades educativas especiales están excluidas de las clases regulares. Gracias a todos estos datos expuestos anteriormente, podemos ver toda la cantidad de niños y adolescentes, a quienes se les está incumpliendo el derecho a la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, el cual según las leyes expuestas es un derecho y debería ser garantizado por el Estado y las instituciones educativas.
A pesar de que según las encuestas en Colombia hay un promedio de 22 estudiantes por docente, la realidad que se refleja en los colegios públicos del país es una situación constante de aglomeración, donde hay hasta 50 estudiantes por aula. Es imposible que un profesor por muy bueno que este sea en su labor pueda hacerse cargo de manera eficiente de tantos niños. El docente debe tener las capacidades y habilidades de lograr atender las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes de la mejor manera posible. Por lo tanto, se puede afirmar que la cantidad de docentes es insuficiente para poder cubrir las demandas educativas.
En cuanto a infraestructura, hay estudiantes que tienen sus actividades pedagógicas y escolares en el campo, y lo hacen en instituciones con cimientos de alrededor de 37 años de antigüedad y que no cuentan con los servicios públicos (gas, alcantarillado, agua potable) ni el número de baños necesarios. Según la Fundación Empresarios por la Educación, este tipo de situaciones e irregularidades en la infraestructura de las instituciones educativas rurales evidencia que los recursos dispuestos por el Estado para la educación de niños y jóvenes de nuestro país no alcanza para satisfacer las necesidades y, en muchos casos, el dinero se va a instituciones con menos necesidades e, incluso, a los bolsillos de terceros.
En concordancia con lo anterior, se presentan situaciones en las cuales se les obligaba a los profesores y estudiantes dedicar parte de las horas de clase a hacerle aseo al colegio, ya que resulta muy incómodo realizar las actividades escolares en medio de la suciedad. En otros casos, la situación empeora, ya que en algunas instituciones la población estudiantil llega a ser de hasta mil personas y con muy poca población trabajadora (seguridad, aseo, cocina, etc.). Estas situaciones ponen en evidencia el mal manejo o la falta de recursos financieros que se requieren para ser invertidos en la contratación de nuevos funcionarios, en la compra de materiales de aseo y en infraestructura.
Para concluir, es evidente que en Colombia no se está cumpliendo a cabalidad lo impuesto en la ley relacionada con los derechos que tienen los jóvenes en materia de educación. Además, el Estado colombiano no está cumpliendo con sus obligaciones e imposiciones legales y su responsabilidad de garantizar los derechos a todos los niños.
Autor : Mariana Celedón C.
Profesor Asesor : Oscar E. Hernández B.
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